EL OBSERVADOR
la
licencia de la obra de ampliación que tuvo una ayuda de 1,2 millones
de euros del Gobierno andaluz para levantar la estructura más alta
de Málaga
20/07/12. Sociedad. La
estructura más alta de la provincia de Málaga es la chimenea que en
2007 se construyó en la fábrica cementera de La Araña. No sólo es
la más elevada con 114 metros de altura, además es ilegal, tal y
como se desprende de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) que EL
OBSERVADOR /www.revistaelobservador.com les
ofrece íntegramente AQUÍ.
Una decisión que deja en evidencia a las autoridades que permitieron
e impulsaron la obra: el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,
el exdelegado de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, y la entonces
delegada de Innovación, María Gámez, cuyo departamento financió
con 1,2 millones de euros -la mayor ayuda pública dada a una empresa
por la Delegación de Innovación- esta actuación que conforme a
Ley, nunca debió haberse autorizado.
HAN tenido
que pasar cinco años para que la Justicia dictamine que la
ampliación de la cementera de la Araña nunca debió haberse
autorizado. La fábrica Cementos Goliat -que forma parte de la
compañía Financiera y Minera, a su vez integrada en la
multinacional de origen italiano Italcementi- se encuentra
urbanísticamente “fuera de ordenación”, tal y como se reconoce
en la sentencia del TSJA (AQUÍ).
Esto significa, entre otras cosas, que su ubicación impedía llevar
a cabo las obras del calibre que se acometieron, en las que
estuvieron trabajando centenares de chinos, uno de los cuales murió
quemado.
ENTRE las
razones para que no se hubiera autorizado esta actuación está la
proximidad que tienen las instalaciones a distintos núcleos de
población: “de la barriada de La Araña 69 metros: urbanización
El Candado 877 metros; barriada El Jarazmín 770 metros y La
Cala del Moral 779 metros. Según el Perito Judicial”.
EL fallo,
en resumidas cuentas, viene a decir que fue una obra que incumplía
el PGOU de Málaga y que debía ser sometida a evaluación de impacto
ambiental. Las pregunta son cómo, quién y por qué se autorizó
esta descomunal actuación en la que es, con mucha diferencia, la
mayor contaminadora de la provincia, que lleva durante años causando
insufribles problemas de salud a las comunidades del entorno, una de
ellas, la de la urbanización El Candado ha sido la que personándose
en esta causa ha acabado por desentrañar el juego de
intereses.
ESTOS son
los culpables:
IGNACIO Trillo.
Basta repasar las noticias que EL
OBSERVADOR publicó
en 2007 para comprobar como siendo delegado de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía en Málaga, Ignacio Trillo desatendía las
preguntas sobre la cementera no sólo de esta revista, sino sobretodo
de los vecinos de El Candado, cuyas reclamaciones tenían el silencio
como respuesta. El caso de Trillo es paradigmático de una persona
que actúa con soberbia y opacidad cuando ejerce el poder, para
convertirse en ‘adalid’ de las posturas críticas ciudadanas
cuando lo pierde. Sin embargo, la hemeroteca no miente. Trillo es la
figura clave que, como primera autoridad en cuestiones
medioambientales de la provincia zanja la ampliación del mayor foco
de emisión contaminante de la provincia con un informe que dice que
“la actuación no está sujeta al procedimiento de Evolución de
Impacto Ambiental”, según se hace constar en la sentencia. A
instancias de esta revista, que le pidió ayer una explicación
Ignacio Trillo envió ayer una respuesta que por su extensión
adjuntamos íntegraAQUÍ.
FRANCISCO de
la Torre. El visto bueno de la delegación de Medio Ambiente permitió
al Gerencia Municipal de Urbanismo conceder una licencia de obras –la
que ahora se ha anulado- para esta actuación. Pero una cosa es
contar con vía libre da la Juntay otra diferente es silenciar las
protestas de los vecinos y avalar e impulsar unas obras como hizo el
entonces y ahora alcalde de Málaga Francisco de la Torre. Y hacerlo
sabiendo que la chimenea excede de la altura máxima permitida en el
PGOU, que la contaminación producida por la fábrica es superior a
lo permitido legalmente, y que en contra de lo manifestado, se
produce un incremento de la producción de cemento que pasa de las
820.000 toneladas a las 1.100.000 toneladas, siempre según indica la
referida sentencia.
MARÍA Gámez.
La hoy portavoz municipal del PSOE era entonces delegada de
Innovación de la Junta de Andalucía en Málaga, en este cargo
concedió una
subvención pública de 1,2 millones de euros “el mayor incentivo
económico que hemos dado para el ahorro energético en una empresa
en Málaga” a Financiera y Minera, por su “ejercicio de
responsabilidad” en esta remodelación orientada a reducir las
emisiones contaminantes. Unas emisiones que fueron, por poner un
ejemplo, de 682 millones de kilos de CO2 soltados a la atmósfera en
2005 cuando el tope de la Unión Europea está en 100. Y eso para un
grupo multinacional que alcanzó una cifra de negocio de 5.000
millones de euros ese
mismo año 2005.
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