La
ley levanta la servidumbre a 500 casas de pescadores de Málaga y da
seguridad jurídica a los chiringuitos
El
Consejo de Ministros aprobó ayer el Reglamento General de la Ley de
Costas, que permitirá prorrogar las concesiones en vigor a quienes
habitan viviendas en dominio público durante 75 años, que sumados a
los 30 actuales permitirán extender esa concesión más allá de un
siglo en algunos casos.En el caso de la provincia de Málaga, la
aprobación de este reglamento era muy esperada ya que la nueva ley
levanta la servidumbre a unas 500 casas de pescadores de El Palo y
Pedregalejo y da seguridad jurídica a los empresarios de los
chiringuitos.
Estas
viviendas quedaron incluidas dentro de la zona de protección del
dominio marítimo-terrestre en la Ley de Costas de 1988, lo que
significaba que debían ser demolidas, y sus dueños desposeídos de
su propiedad, pero mientras se resolvía el futuro de las
construcciones se les otorgó un derecho de uso temporal durante 30
años pero con la incertidumbre de qué pasaría en el futuro. Una
vez que este reglamento se publique en el BOE en los próximos días
podrán mantenerse en pie las viviendas y podrán ser propietarios
legales con todos los derechos.
Con
la aprobación de este reglamento se pone fin a una larga pesadilla y
que el Ayuntamiento de Málaga trató de paliar cuando elaboró su
nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), al delimitar la zona
como suelo urbano. Sin embargo Costas en aquella ocasión advirtió
entonces que no podía hacerlo porque las casas estaban dentro de la
zona de dominio y pendientes de que se adoptara una solución. Esta
advertencia del Ministerio de Medio Ambiente provocó la angustia
entre los vecinos de El Palo y Pedregalejo y al final el Ayuntamiento
de Málaga no tuvo más remedio que dejar fuera de ordenación a
todas las casas incluidas dentro de la zona de protección del
dominio marítimo-terrestre según estipulaba la Ley de Costas de
1988. Como mal menor, todas las fuerzas políticas con representación
en el Ayuntamiento de Málaga adquirieron un compromiso verbal con
los vecinos de trabajar para dejar fuera del deslinde a sus
viviendas.
Nuevo
reglamento
El
secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, explicó ayer
este reglamento, que desarrolla y aplica la nueva Ley de Costas de
2013 (en sustitución de la del 88), por el que se prorrogan las
concesiones en vigor en dominio público hasta 75 años para las
viviendas, 50 para los hoteles y explotaciones económicas similares
y 30 para los aproximadamente 3.000 chiringuitos que existen en las
playas. La concesión máxima actual de estas viviendas o
instalaciones era de 30 años.
Otra
gran novedad es que estas concesiones serán transmisibles a partir
de ahora, y se podrán vender, heredar e incluso ser susceptibles de
hipotecas, algo que no ocurría hasta ahora. Los particulares también
podrán hacer reformas en la instalación o vivienda para la que
tienen concesión siempre que las obras no excedan el tamaño,
superficie y volumen de la misma.
El
documento distingue entre playas naturales y urbanas, y permite un
uso más extensivo de estas últimas incluyendo la posibilidad de que
en ellas se puedan llevar a cabo «eventos de interés público»,
como por ejemplo fiestas locales o conciertos, siempre que la
administración lo estime oportuno y previo pago de un aval para
subsanar posibles daños.
Las
playas urbanas podrán contar con hasta un 50% de ocupación por
parte de actividades económicas y chiringuitos, que no podrán tener
más 300 metros cuadrados en total al borde del mar. En las playas
naturales, entendiendo por tales las que no están contiguas a suelo
urbano, las ocupación no podrá exceder el 10% y los chiringuitos
habrán de tener como máximo 20 metros cuadrados de cerrado y 50 de
terraza; no pudiendo existir entre uno y otro una distancia inferior
a 300 metros.
Con
este reglamento se ordena definitivamente la situación de unos 3.000
chiringuitos y da seguridad jurídica a 13.000 viviendas que se
construyeron en su día legalmente en las costas españolas, que
podrán prorrogar sus concesiones.
Nota:
Este Reglamento sería papel mojado si el Constitucional falla a favor del recurso presentado hace un año.
